La situación de hacinamiento y falta de justicia en las cárceles de El Salvador es espantosa y degradante, dijo hoy el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que verificó la privación de libertad en este país centroamericano.
"La situación (de las cárceles salvadoreñas) es espantosa (...), son inhumanas y degradantes", dijo el presidente-relator del Grupo de Trabajo, Hadji Malick Sow, de Senegal, al presentar los resultados preliminares de la visita realizada a El Salvador desde el pasado 23 de enero hasta hoy.
Indicó que lo "peor" de los centros penales salvadoreños es que muchos internos ya han cumplido su condena "pero siguen encarcelados" debido a que "la información no se ha facilitado al centro (...), el alcaide del centro penal no tiene información de la sentencia", y quedan condenados a más años de prisión.
De acuerdo a Malick Sow, este es el caso más típico de privación arbitraria de libertad que se da en este país centroamericano.
Para solventar dicha violación recomendó que se "aumente la cantidad de jueces responsables de la vigilancia del cumplimiento de sentencias para que puedan cumplir con sus tareas de la manera más rápida posible", enfatizó.
"Crear, si es posible, un mecanismo especial para poder identificar a todas aquellas personas que puedan estar en aquella situación y poderles dejar libres, esta sería una primera respuesta", añadió Malick Sow.
El Grupo de Trabajo también consideró que los detenidos deben ser presentados con prontitud ante un juez una vez capturados, según la declaración presentada a los periodistas tras finalizar su visita al país este miércoles.
Entre otras irregularidades, actualmente en el país hay 7.376 personas en detención preventiva; de ellas, 970 han excedido el tiempo máximo de detención provisional establecido por la ley, indicó el grupo en su informe.
Además, resaltó que hay dificultades para el acceso y la comunicación con la defensa, debido a que muchos procesados conocen a sus abogados defensores momentos antes del juicio.
Agregó, entre otros señalamientos, que hay un excesivo recurso de la detención y que es preocupante la "ausencia de utilización de pruebas científicas" para, en vez de ello, basarse en "testimonios e informantes" en los procesos legales.
"Existen serias dudas sobre la credibilidad de testimonios obtenidos de esta manera. Esto puede atentar contra la equidad del proceso judicial", resaltó el Grupo de Trabajo en su declaración.
Los 21 centros penales del país tienen capacidad para unos 8.300 internos, pero actualmente albergan a 25.411, según los datos proporcionados por la misión de la ONU.
El Grupo de Trabajo recomendó a El Salvador ratificar el Protocolo Opcional a la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y la promulgación de normas legales que regulen la detención en hospitales siquiátricos, entre otras medidas.
También instó al Gobierno salvadoreño "a que asegure que el derecho a la seguridad no anule el derecho a no ser sometido a detención arbitraria".
La misión de la ONU visitó durante su estadía en el país 11 cárceles de los departamentos de San Salvador, Santa Ana (occidente) y San Miguel (oriente), bartolinas policiales y otros establecimientos de reclusión.
Además, se reunieron con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de organismos civiles y de derechos humanos.
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